Amnistía Internacional denunció que la justicia española archiva las denuncias interpuestas por familiares de las víctimas y el Estado no colabora con investigaciones internacionales lanzadas en otros países como Argentina.

Carlos Slepoy y Ana Messuti se reunieron con la jueza argentina en el marco de la querella contra los crímenes del franquismo. Entre los acusados figura el suegro del actual ministro de Justicia del gobierno español.

Afecta a unos cien casos. La Corte declaró inconstitucional una ley que había hecho imprescriptibles las violaciones. Es porque consideró que no puede aplicarse con retroactividad. El fallo fue dividido.

Un grupo de arqueólogos encontró los cuerpos de entre veintiún y veintitrés personas dispuestos en cuatro pozos en una finca del Cortijo de El Marrufo, en la unión de las provincias de Cádiz y Málaga.

Un crimen cometido “en Francia por Francia”. Con estas palabras, el presidente francés, François Hollande, ha reconocido esta mañana la responsabilidad de su país en la deportación de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El mandatario ha presidido el homenaje a los 13.152 judíos (entre ellos 4.000 niños) deportados hacia los campos de exterminio de la Alemania nazi tras la redada del Vel d'Hiv, el Velódromo de Invierno, ejecutada en 1942 por la policía francesa bajo las órdenes del régimen colaboracionista de Vichy.

Dos testigos devuelven a Garzón el importe de sus desplazamientos al juicio. Justicia y el Supremo no quisieron abonarlos. María Martín, 81 años, al Supremo: "¿Quieren que esperemos 75 años más?"

Amnistía Internacional pidió el miércoles a la justicia argentina que continúe con la investigación de los crímenes cometidos durante la guerra civil española y la posterior dictadura de Francisco Franco, ante la negativa de la justicia de España de hacerlo.

Decide que la apertura de fosas corresponde a los juzgados del lugar donde se encuentren. Los familiares podrán instar su identificación.

Ante la decisión del Tribunal Supremo de separar al juez Baltasar Garzón, las posibilidades de que se investiguen los crímenes de la dictadura de Francisco Franco se redujeron sensiblemente en España. Sin embargo, esa resolución judicial provocó el impulso de una causa en la Argentina en la que ahora cada vez más familiares de las víctimas se suman para pedir que se juzguen desapariciones, asesinatos, torturas y apropiaciones de menores en la península, amparados en los principios de la Justicia internacional para los delitos de lesa humanidad. Por eso, en las próximas semanas se presentarán en el juzgado de María Servini de Cubría 55 nuevas demandas y se esperan que ciudadanos españoles viajen a Buenos Aires para declarar.

Ante la imposibilidad de ser oídos en España, familiares de los miles de asesinados y desaparecidos durante la dictadura española reafirmaron la necesidad de que la jueza Servini de Cubría avance en la causa abierta en la Argentina.