Los argumentos de la sentencia contra Astiz revelan cómo se preparó el asesinato del escritor.

Varias asociaciones de víctimas del franquismo celebraron hoy los avances de la investigación abierta por una jueza federal argentina por los crímenes cometidos durante el régimen del dictador Francisco Franco.

A partir de la denuncia de víctimas de la dictadura de Franco, la jueza Servini de Cubría pidió a España datos para iniciar la causa. El principio de justicia universal lo aplicó el español Baltasar Garzón para investigar a las dictaduras latinoamericanas.
  

Exiliados y sus descendientes argentinos movilizan la investigación por los 113.000 desaparecidos y los 30.000 niños apropiados durante la guerra. Y que Servini se instale en la embajada en Madrid a interrogar testigos.

 Darío Rivas tiene 92 años. Llegó de niño a la Argentina y a los años se enteró de que su padre, alcalde en la provincia de Lugo, había sido fusilado por los fascistas. Hace un año inició una causa que pretende llevar a la justicia universal, ahora al otro lado del Atlántico. En una entrevista con Página/12 cuenta por qué lo decidió.

Veteranos y familiares agrupados en la Comisión de Familiares de Caídos en las islas piden que se reabra la comisión investigadora. También reclaman que se identifiquen los cuerpos de 123 argentinos que están en Darwin.

 Afirma que defiende los Derechos Humanos, pero reivindica la incomunicación por tiempo indeterminado de los presos de la ETA. Las Naciones Unidas le hicieron 137 recomendaciones, y rechazó un tercio de ellas.

La Justicia anuló el fallo que rechazó una denuncia de los nietos de las víctimas.

La jueza María Servini de Cubría no admitió la querella presentada por familiares de las víctimas.

La bandera del juez Baltasar Garzón en la lucha por la justicia universal la van a levantar ahora los argentinos que la semana que viene presentarán una demanda por genocidio y crímenes de lesa humanidad que se cometieron en España durante la dictadura de Francisco Franco.