Varias asociaciones de víctimas del franquismo celebraron hoy los avances de la investigación abierta por una jueza federal argentina por los crímenes cometidos durante el régimen del dictador Francisco Franco.

A partir de la denuncia de víctimas de la dictadura de Franco, la jueza Servini de Cubría pidió a España datos para iniciar la causa. El principio de justicia universal lo aplicó el español Baltasar Garzón para investigar a las dictaduras latinoamericanas.
  

Exiliados y sus descendientes argentinos movilizan la investigación por los 113.000 desaparecidos y los 30.000 niños apropiados durante la guerra. Y que Servini se instale en la embajada en Madrid a interrogar testigos.

 Darío Rivas tiene 92 años. Llegó de niño a la Argentina y a los años se enteró de que su padre, alcalde en la provincia de Lugo, había sido fusilado por los fascistas. Hace un año inició una causa que pretende llevar a la justicia universal, ahora al otro lado del Atlántico. En una entrevista con Página/12 cuenta por qué lo decidió.

Las evidencias encontradas tienen relación sobre todo con casquillos y vainas de armas, así como cuatro cadáveres hallados, dos de ellos con posibles heridas por impacto de proyectil.

La asociación de Descendientes del Exilio recoge firmas para que Educación deniegue nuevas ayudas y exigir a la Real Academia de la Historia retirar las biografías.

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero prometió publicar la próxima semana un mapa con la localización de algunos de los enterramientos clandestinos que realizó el franquismo durante la guerra y la dictadura.

Varias instituciones españolas inician, tímidamente, la investigación de robos de bebés y niños durante la dictadura de Francisco Franco. Lo que comenzó como parte de una operación de exterminio político en las cárceles femeninas de postguerra, acabó convirtiéndose en una red mafiosa que se extendería hasta los primeros años de la democracia. Se estima que el número de víctimas podría alcanzar hasta los 300 mil menores.

Los hijos del primer fusilado del franquismo exhumado e identificado por ADN colocan una placa conmemorativa en la cuneta en la que arrancó la recuperación de la memoria histórica.

 Afirma que defiende los Derechos Humanos, pero reivindica la incomunicación por tiempo indeterminado de los presos de la ETA. Las Naciones Unidas le hicieron 137 recomendaciones, y rechazó un tercio de ellas.