Cuando se cumplen 34 años del golpe de Estado de 1976, hay 1.464 personas -entre civiles y personal de las fuerzas armadas y de seguridad- acusadas por haber cometido crímenes de lesa humanidad, en causas vinculadas con el terrorismo de Estado.

Pero apenas 75 de estas personas imputadas en procesos judiciales tuvieron sentencia judicial: 68 de ellos fueron condenados y 7 resultaron absueltos. Los datos surgen de un informe estadístico elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), conocido esta semana.

En cuanto a la cantidad de causas -según datos del mismo informe- hay 321 que se están investigando en todo el país.

Respecto de las personas detenidas a raíz de estos juicios, 421 de los procesados permanecen detenidos con carácter preventivo. El resto, un total de 228, se encuentran en libertad. Actualmente está por resolverse la situación judicial de 37 imputados que han sido recientemente indagados por primera vez en la causa.

Por otra parte, 230 imputados fallecieron mientras eran investigados y 18 fueron declarados incapaces, y por lo tanto no se puede seguir adelante con el juicio.

Estos datos se conocen cuando los procesos por violaciones a los derechos humanos están en el centro de la polémica: la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó a la Justicia celeridad en la marcha de estos juicios, mientras sectores de la oposición destacaron el "esfuerzo" que están haciendo los jueces para llevar a cabo estos procesos, y recordaron que hubo iniciativas parlamentarias para acelerar estos juicios, que no fueron apoyadas por el oficialismo.

En coincidencia con el nuevo aniversario del golpe de Estado, que se cumplió el miércoles 24, también se conoció un informe de la Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad, el organismo creado por la Corte Suprema para monitorear ese tipo de procesos. Según este informe, hay 82 causas que ya fueron elevadas a juicio, entre ellas las que juzgan a los ex presidente de facto Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone

Entre las últimas causas elevadas a juicio se encuentra la segunda parte de la investigación denominada "Chacras de Coria", en la que se encuentra acusado -entre otros- el ex marino Jorge "El Tigre" Acosta, por los delitos de privación ilegal de la libertad, torturas y asociación ilícita.

La distribución en todo el país de estos procesos es la siguiente: 19 corresponden a Mendoza, 16 a Capital Federal y 16 a la provincia de Buenos Aires. Otras 11 causas se están en Rosario, 5 en Salta, 4 en Córdoba, 4 en Tucumán, 2 en Posadas, 2 en Resistencia, una en Comodoro Rivadavia, igual que en Corrientes y en General Roca.