Afirma que defiende los Derechos Humanos, pero reivindica la incomunicación por tiempo indeterminado de los presos de la ETA. Las Naciones Unidas le hicieron 137 recomendaciones, y rechazó un tercio de ellas.

El gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero rechazó toda posibilidad de juzgar los crímenes del franquismo y la desaparición de personas, y reivindicó la figura jurídica de la incomunicación por tiempo indeterminado que se aplica a los prisioneros de la ETA. Ayer, cuando el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas insistió sobre las medidas que debería tomar España para ser considerado un país humanitario, el embajador de Madrid señaló la “excelente disposición” de su país para sumarse a una política activa de defensa de los Derechos Humanos pero, además de esas dos grandes salvedades, aclaró que el gobierno de Rodríguez Zapatero tampoco está dispuesto a firmar la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes.
Durante la sesión especial del Consejo de Derechos Humanos, celebrada en su sede  permanente de Ginebra, el pleno del organismo de las Naciones Unidas aprobó el informe sobre el examen periódico universal al que se sometió a España en mayo pasado. Fue entonces que Javier Garriagues, el embajador español ante los organismos internacionales que tienen su sede en la ciudad suiza, explicó que su país aceptaba 98 de las 137 recomendaciones que se le habían hecho (rechazó casi un tercio de las sugerencias formuladas por gobiernos y organizaciones no gubernamentales). En ese marco, explicó la terminante negativa española investigar las desapariciones ocurridas en los años de la dictadura, pero sin referirse por su nombre, y expresamente, al franquismo.
Garriagues empleó una forma sinuosa para decir que España no juzga esos crímenes. “Los jueces y tribunales españoles –dijo– instruyen y juzgan todas las denuncias sobre desapariciones que ante ellos se formulan según los principios de independencia, responsabilidad y sometimiento exclusivo a la ley y el derecho”, afirmó, en alusión a una Ley de Amnistía vigente desde 1977 que, según aclara la agencia oficial española Efe, “impide investigar esos hechos”. Varios países habían denunciado durante el examen de España la cuestión de la impunidad en lo relacionado con las desapariciones forzosas durante el régimen de Franco (1939-1975). México, concretamente, había insistido en más de una ocasión en que “se investiguen y castiguen todos los crímenes de desaparición forzosa, independientemente del tiempo transcurrido desde que ocurrieron”. Para México se trata de un delito permanente, que dejará de serlo sólo cuando se identifique y castigue a los culpables.
 

En este sentido, la organización defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) lamentó en su intervención que el único perseguido en relación con los crímenes del franquismo sea precisamente quien trató de investigarlos: el juez Baltasar Garzón. Con una enorme carga de ironía, el delegado de la entidad humanitaria de los Estados Unidos miró a Garriages y señaló, ante la atenta y silenciosa audiencia del Consejo: “España va a juzgar finalmente a alguien en relación con los crímenes de la dictadura de Franco y de la Guerra Civil española. Desgraciadamente, el acusado en el caso es Baltasar Garzón, el juez que trató de investigar dichos crímenes.”
España también anunció ayer que “no puede aceptar” las recomendaciones de modificar la definición del delito de tortura o eliminar la figura de la detención incomunicada por tiempo indeterminado que rige para los acusados de terrorismo (los miembros de la organización separatista vasca ETA), un pedido reiterado de Amnistía Internacional (AI).  Por último, Garrigues anunció el rechazo de su país a firmar la Convención para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y los miembros de sus familias, al alegar que “se trata de un texto desequilibrado” en que “priman los intereses del los países de origen” y no diferencia entre “inmigrantes regulares y los que están de forma irregular”.
En oposición a la concepción del gobierno central sobre los Derechos Humanos, el gobierno de Andalucía dictó ayer dos decretos por los que reconoce e indemniza a las mujeres víctimas de abusos del franquismo y a las miles de personas que debieron soportar los vejámenes habituales en las prisiones y los campos de concentración que el régimen del generalísimo Francisco Franco mantuvo entre 1939 y 1975.