Inolvidable
El 25 de enero de 1978 se producía la hazaña más grande en la historia del f...
LA NACION reunió a los miembros del tribunal que en 1985 juzgó a los integrantes de las tres juntas militares. Amigos desde entonces pese a sus diferencias políticas, recuerdan con emoción y orgullo las instancias de aquel proceso emblemático, analizan en perspectiva su legado y discrepan sobre la reapertura de los juicios.

Ya tienen estatura de leyenda, y lo saben. Saben de sobra que el Juicio a las Juntas militares quedará para siempre como un punto de inflexión, el mito fundante de la democracia que, en 1985, logró lo que pocos creían posible: sentar en el banquillo de los acusados a los máximos responsables de la represión ilegal.
A León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma, Jorge Torlasco, Jorge Valerga Aráoz -los camaristas-, y a Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo -los fiscales- les tocó formar parte, junto con Andrés D´Alessio, hoy fallecido, del tribunal que, por orden del decreto 158 firmado por Raúl Alfonsín en diciembre de 1983, debió enjuiciar a los integrantes de las tres juntas militares que habían dirigido el país desde marzo de 1976 hasta la Guerra de Malvinas.
Aún ahora, reunidos por La nacion para conmemorar los 25 años de ese juicio emblemático, vuelven a conmoverse con el recuerdo de algunos testimonios o a indignarse con el cinismo de algunas de las respuestas que escucharon entre abril y agosto de 1985, durante la audiencia pública en la que declararon 833 personas.
Pero sobre todo, son conscientes hoy, como quizás no lo habían sido entonces, del "baño de justicia" que se atrevieron a darle a la sociedad hace 25 años en medio de un país arrasado por la violencia.
Entre las postales del despertar ciudadano que atesoró la primavera democrática de Alfonsín -la gente otra vez en las calles, el informe de la Conadep, el preámbulo de la Constitución como parte de una liturgia cívica que prometía volver a hermanarnos después de tanto odio-, aquella imagen, la de los ex comandantes rindiendo cuentas ante la Justicia, es tal vez la que más perduró como símbolo del triunfo de la ley sobre el autoritarismo. Parece fácil visto desde hoy, después de casi 30 años de juego democrático sin amenazas de golpe de estado militar. Pero cuando este juicio se llevó a cabo, el olor de la muerte estaba todavía demasiado cercano.
Por eso, se diría que custodian ese fuego sagrado con orgullo y con la satisfacción de saberse artífices necesarios de un hecho de coraje institucional que ayudó a legalizar al país y que fue reconocido y elogiado internacionalmente.
Y parecen llevarlo bien, incluso a pesar de las diferencias. Porque así como el pasado los convoca en un recuerdo con ribetes heroicos, sin fisuras, las discusiones actuales -¿están de acuerdo con los juicios que se celebran hoy por violaciones a los derechos humanos? ¿Podrían considerarse delitos de lesa humanidad los crímenes de la guerrilla setentista? ¿Qué opinan de la permeablilidad de la justicia federal a las presiones políticas?- los enfrentan más de una vez y la opinión ya no es unánime como lo fue en aquella sentencia histórica. "Es que el presente nos complica", bromea con la verdad Moreno Ocampo.
Se tratan como amigos, se respetan, discuten, se palmean, se hacen chanzas como muchachotes crecidos que alguna vez compartieron una experiencia inolvidable. "Julito -le dice Moreno Ocampo a Strassera- ¡cómo fumás!... Tendrían que prohibirte que fumes así. ¡Me fumé tantos puchos al lado tuyo!"
Video: el recuerdo de quienes juzgaron a la Junta Militar
Hasta las amenazas y la incertidumbre de aquellos tiempos, cuando nadie sabía cuánto podrían durar las nuevas reglas del juego, hoy ya son parte de un relato sin crispaciones, sin ánimo de dramatizar. Strassera, el fiscal que conmovió al mundo entero con su alegato final -"Señores jueces, Nunca más"-, diluye en una anécdota las presiones vividas: "Una mañana llamaron diez y cuarto a la fiscalía para amenazar. Yo no estaba y atendió una secretaria mía, Judith, que tenía 20 años, y respondió: ´Vea señor, nosotros amenazas recibimos de las 9 a las 10 de la mañana. Llame mañana que lo va a atender la persona encargada de recibir amenazas.´ La insultaron de arriba abajo, pero nunca más llamaron a la fiscalía para amenazar".
-Ustedes ya estaban enterados de lo que había sucedido en esos años. ¿Algo de lo que escucharon durante la audiencia les cambió la percepción que tenían de lo que había pasado?
Guillermo Ledesma: El shock de los testimonios fue muy intenso.
Julio Strassera: Yo me acuerdo de la madre de Floreal Avellaneda [secuestrada junto con su hijo de 15 años, que murió en la tortura], fue terrible. Y uno de una señora de Rosario, muy bien vestida, que dijo: "Señores, se llevaban a gente que jugaba al golf". Estaba horrorizada. Su padre había sido gerente de Swift en Santa Fe. Después dijo: "Señores, a mi hijo lo sorprendieron armando una bomba. ¿Mi hijo no merecía un juicio como éste? Me devolvieron una bolsa de huesos".
Ledesma: Un testimonio que fue un ejemplo de claridad y de precisiones fue el de Claudio Tamburrini que declaró en la causa de Mansión Seré [centro de detenidos de la Fuerza Aérea]. Un joven que ahora vive en Estocolmo.
Jorge Torlasco: En el relato de ese muchacho hay algo que siempre me conmueve. Porque ellos se escaparon y se escondieron en una obra en construcción, eran las dos o tres de la mañana. Sabían que los andaban buscando porque escuchaban las sirenas y los helicópteros, pero uno que se fue por otro lado pudo llamar por teléfono al padre. El asunto es que horas después estaba escondido y escuchó un auto -el del padre, que era taxista- y dijo: "¡Es el auto de mi papá! ¡Papá, papá, papá!". Todavía me emociona contarlo...
-¿Alguna vez percibieron en los acusados algún sentimiento de conmoción por los testimonios que escuchaban?
Strassera: Jamás.
Luis Moreno Ocampo: En la sala de audiencias no, pero yo me acuerdo de haberlo visto a Massera caminando y le hacía chistes a Agosti: "Así que vos te chupaste a las monjitas voladoras..." Y Agosti se ponía furioso. Y, después, no en este juicio sino en el de Camps, me acuerdo de haber visto a un general que tenía fama de durísimo llorando antes de entrar en la sala de audiencias y diciendo: "Si no lo hacía, me mataban a mí". En la sala de audiencias todos ponían cara de póquer, pero afuera se los veía como seres humanos.
-¿Se quebraron en algún momento?
Moreno Ocampo: Ese general lloraba.
-¿Por lo que había hecho o por lo que le iba a pasar?
Moreno Ocampo: No. Por lo que le iba a pasar.
Strassera: Arrepentimiento nunca.
Ricardo Gil Lavedra: Es muy difícil. Tiene que haber un mecanismo psicológico de autojustificación que legitime, si no es imposible.
Moreno Ocampo: Había diferencias. A Lambruschini se lo veía mucho menos pretencioso, y Massera era un cínico, culpaba a los otros.
Gil Lavedra: El insistía mucho en que la responsabilidad primaria era del Ejército.
Strassera: Massera le adjudicaba al Ejército la desaparición de las monjas, que desaparecieron en la ESMA.
-¿Creen que con otro tipo de política se hubiera logrado que los militares dieran información sobre el destino de las víctimas?
Moreno Ocampo: No había manera. Ahora tal vez se podría conseguir.
Torlasco: Hay un tema con [los integrantes de] las Fuerzas Armadas, tienen espíritu de casta. Para ellos, no hay peor cosa que ser descastados. Lo que le está pasando a [Martín] Balza, que hasta lo echaron del Círculo Militar, es una cosa gravísima. Y cualquiera que hubiera brindado datos o reconocido algo hubiera sido descastado. Por eso el tribunal del Consejo Supremo nunca los iba a condenar.
Gil Lavedra: Los primeros dos meses tomaron indagatoria y dictaron prisión preventiva rigurosa a Videla y a Massera también, pero después se cerraron dentro de la corporación. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas empezó con una actividad, no diría diligente, pero con cierta actitud para avanzar, y dictó las prisiones preventivas rigurosas de Massera, de Videla y de Camps, que estaba en otro juicio,
Torlasco: Te voy a hacer una pequeña corrección, porque en las indagatorias tomadas por el Consejo Supremo, el presidente que interroga le dice a un general al que está indagando: "Discúlpeme que tengo que hacerle esta pregunta, pero me veo obligado a hacérsela".
Gil Lavedra: Es cierto, pero dictaron la prisión preventiva. Y en un momento dado, cuando los tipos tenían que avanzar, se frenó.
León Arslanian: Porque se produjo la siguiente situación. Con la reforma del código de Justicia Militar, en 1984, ellos tenían seis meses de plazo para poder instruir las actuaciones. Transcurridos esos seis meses, les pedimos que nos dieran un informe del estado de esas actuaciones y les dimos otros treinta días.
Gil Lavedra: E indicamos un curso de acción.
Ledesma: Sí. Y en la segunda oportunidad les dijimos: "Lo que ustedes tienen que hacer es investigar acerca de la metodología que se utilizó para combatir a la subversión", etcétera. Y en esa segunda oportunidad es donde vemos esta fuerte desviación.
Strassera: Y ellos agregaron otra cosa al final: que las órdenes habían sido impecables.
Gil Lavedra: Cuando la cámara los forzó y les exigió, ahí es cuando los tipos saltaron y dijeron: "Las órdenes son inobjetables y no hay plazo en cuanto a la terminación".
Jorge Valerga Aráoz: Y agregaron una cosa más: que para poder responsabilizar a los comandantes se debía acreditar los hechos cometidos por mano propia, quiénes habían sido los autores inmediatos. En definitiva, estaban reconociendo su negativa a juzgar. Este último informe fue en agosto o septiembre de 1984 y, al mes siguiente, nosotros resolvimos abocarnos, hacernos cargo de la causa.
Moreno Ocampo: Esa fue la decisión histórica. Nosotros teníamos que investigar los hechos, pero estos jueces, ese día, decidieron que iba a haber justicia en la Argentina. Iba a haber una decisión judicial. Hoy en Colombia hay una ley para juzgar a los paramilitares y nadie se anima a mover la pelota. Acá hubo seis jueces que en el año 1984 y, en medio de una cosa que no se sabía a dónde iba a parar, dijeron: "Acá va a haber justicia".
-¿Imaginaban entonces el lugar histórico que iba a ocupar el juicio?
Torlasco: Yo sentía que era la oportunidad de dar vuelta en la Argentina lo que había sido la historia hasta ese momento. Yo lo sentí así. Creo que todos quedamos con la misma idea y pusimos la garra para seguir adelante.
Gil Lavedra: Pero a mí me parece que la trascendencia del juicio, verlo como piedra angular dentro de la transición democrática, eso son reflexiones posteriores.
Ledesma: Estoy de acuerdo con él.
Gil Lavedra: En el momento nosotros actuábamos, tratábamos de hacer las cosas lo mejor posible. Pensábamos sí que era necesario un baño de justicia sobre todos los horrores cometidos.
Ledesma: Y además logramos sustraernos a la presión de las circunstancias. Por ejemplo, qué suerte habría de correr el juicio y nosotros mismos en tanto y en cuanto cambiaran las condiciones políticas. Los militares seguían en los cuarteles, seguían manteniendo el poder real, no había habido arrepentimiento ni nada por el estilo; al contrario, había una idea de reivindicación permanente, con lo cual no sabíamos ciertamente a dónde podríamos llegar.
Moreno Ocampo: Este juicio era la frutilla de la torta, pero primero hubo un proceso electoral en donde la gente votó a un candidato que fue Raúl Alfonsín, y después, el Congreso de la Nación, la primera ley que sacó, votada casi por unanimidad, fue que se derogaba la Amnistía. Había una sociedad que pedía justicia y acá hubo unos jueces que dijeron: vamos a hacerlo.
Gil Lavedra: Fue un proceso que involucraba a muchos actores. Sin dudas creo que el impulso inicial es protagónico de Raúl Alfonsín, pero también del Congreso.
Arslanian: Y nosotros mismos, que cuando dictamos la sentencia, decidimos que los sujetos por debajo de los máximos responsables que eran los miembros de la junta militar también fueran investigados, es decir, que continuara la investigación de la causa. Y esto fue, para mí, capital para que esa estrategia originaria de los tres niveles de responsabilidad que había enunciado desde antes de ser elegido Alfonsín no naufragara, porque lo que nosotros estábamos afirmando allí era que no se agota la responsabilidad de las atrocidades que hemos visto en este juicio en la persona de los jefes de las juntas militares.
Moreno Ocampo: La Argentina fue el primer país en el mundo que intentó hacer esto y justamente, como Arslanian dijo, los jueces quisieron seguir adelante. Y ahí el poder político no estaba convencido, hubo fricciones que llevaron a la rebeldía de los militares. Pero bueno, fue el pago de la experiencia piloto.
-25 años después, ¿cuál es el legado principal que le dejó el juicio al país?
Valerga Aráoz: Yo creo que el afianzamiento de la democracia y el esclarecimiento de lo que había sucedido en los años setenta. Cuando los militares aún sostenían que no había pasado absolutamente nada, el juicio reconstruyó cómo habían bajado las órdenes de cada uno de los comandantes a sus respectivas fuerzas.
Strassera: Lo más importante de este juicio, para mí, no fueron ni siquiera las condenas, fue el esclarecimiento. A partir de este juicio, se supo lo que pasó en la Argentina del 76 en adelante.
Ledesma: Y hubo tres presidentes en el banquillo de los acusados. Y no hubo más golpes militares.
Moreno Ocampo: Después de este juicio se aprendió que el Estado no puede torturar; el Estado no puede matar. Y por eso el juicio de las juntas es reconocido en todo el mundo.
Gil Lavedra: Fue una contribución decisiva al afianzamiento de la transición democrática.
Arslanian: A mí me parece que el juicio tuvo un gran valor porque, además, cuando escuchábamos los cientos de declaraciones de las víctimas y de sus parientes, me di cuenta de que confiaban en el tribunal, de que después de todo lo que habían pasado, se sentaron delante de seis jueces y ante las cámaras de televisión y contaron lo que les había pasado sin temor. Y eso es porque el tribunal les daba garantías. Nunca se había visto eso.
-¿Cómo ven hoy las causas de derechos humanos de este momento?
Torlasco: Un desastre, un disparate. Están haciendo un juicio, lo que pasa en el Norte, en Tucumán... Están haciendo un juicio por diez víctimas. Después van a tener que hacer un juicio igual, con los mismos procesados, por otras diez, y en otro lugar...
Valerga Aráoz: Y con los mismos testigos.
Torlasco: Es un disparate. Una tremenda dilapidación de la energía judicial.
-¿Cómo debió haberse hecho?
Torlasco: Debió haberse hecho por jefatura de zonas. Todos los hechos ocurridos en una zona determinada debían haber sido juzgados en un juicio.
Strassera: Hay un proyecto de los doctores Gil Lavedra y D´Alessio destinado justamente a acortar, a abreviar estos juicios. El Congreso no lo trató nunca. Yo creo que se utiliza políticamente. Que este gobierno quiere prolongar estos juicios como forma de agitar la banderita de los derechos humanos.
Arslanian: No, no, no... Más allá de la posición que pueda tener el Gobierno en esto, hay miles de víctimas, organizaciones de derechos humanos, que están pidiendo justicia y que entienden que no se va a ver realizada hasta tanto todo el proceso culmine como corresponde, con una sentencia. De modo que yo creo que, más allá de las objeciones de naturaleza formal que pueden hacerse acerca de esto que señalaba Jorge [Torlasco], que haya múltiples juzgamientos cuando se los podría haber achicado con un tratamiento diferente, yo creo que Argentina muestra en este momento con mucha claridad el grado enorme de compromiso que tiene con los derechos humanos y con la revisión de un pasado ominoso.
Gil Lavedra: En eso todos estamos de acuerdo, yo celebro que Argentina pueda terminar con justicia este ciclo y en este aspecto reivindico la decisión política que ha tenido el Gobierno para impulsar la reapertura del proceso. Lo que creo es que ha habido una absoluta ineficiencia, o ausencia de políticas públicas eficaces para que los juicios puedan llevarse a cabo, como señaló Jorge [Torlasco].
-Si la función de la Justicia no es sólo reparar algo respecto del pasado y castigar, sino que también actúa hacia adelante en el sentido de reparar el tejido social, la confianza en las instituciones, ¿no deberían ser juzgados también los responsables de la violencia guerrillera?
Ledesma: Yo creo que sería bueno, debería haberse juzgado a ambos. Nosotros, en 1985, no juzgamos a las juntas por delitos de lesa humanidad, juzgamos por delitos comunes, homicidio, etcétera, no obstante estaban definidos como crímenes de lesa humanidad pero no ratificados por la Argentina.
Torlasco: Aquí en este momento se están juzgando muchos hechos que normalmente hubieran estado prescriptos de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución, se está juzgando por aplicación retroactiva la convención sobre imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad.
-¿Y cómo lo ven?
Valerga Aráoz: Yo no estoy de acuerdo.
Ledesma: Yo tampoco.
Torlasco: Yo tampoco.
Moreno Ocampo: Yo creo que la objeción de Guillermo [Ledesma] de que los crímenes de lesa humanidad, si no se utilizaron en el juicio no se pueden utilizar para la prescripción, es válida. Hay un problema serio de prescripción...
Ledesma: Yo creo que, si se admite la imprescriptibilidad, que acabo de decir que viola el principio de legalidad, también deberían ser juzgables hoy en día los líderes de la subversión.
Moreno Ocampo: Pero es que los juzgamos. Yo me acuerdo de [Mario] Firmencih, juzgado por el caso de Soldati; los teníamos condenados, pero [Carlos] Menem lo indultó.
Gil Lavedra: Eso fue lo que intentó el gobierno democrático. Cuando se sancionaron el decreto 158, que ordenaba juzgar a las juntas, y el 157, que ordenaba juzgar a los responsables de la subversión.
Valerga Aráoz: Son los decretos que ordenan la investigación y juicio de los responsables subversivos, y un juicio en el que tuvo que intervenir la sala segunda y llegó a condena es el de Obregón Cano, que había sido gobernador de Córdoba y fue condenado por asociación ilícita. Después llegó el indulto de Menem.
-¿La cuestión es si esas causas no podrían ser reabiertas así como se reabrieron las otras?
Strassera: Yo estoy de acuerdo con el planteo de Ledesma; si lo aplicamos retroactivamente para unos, apliquémoslo retroactivamente para otros.
Ledesma: Al menos sería igualitario.
Gil Lavedra: Es posible que se perciba que hay cierta asimetría en la persecución penal, es razonable, pero tampoco son categorías claramente asimilables los delitos desde el Estado con las bandas terroristas. Más allá de que son temas complejos en los que no estamos todos absolutamente de acuerdo, yo sinceramente creo que los delitos de lesa humanidad deben ser perseguidos y no puede ser obstaculizada nunca su persecución. Desde hace mucho tiempo hay una regla del derecho internacional consuetudinario, previa a Nüremberg, que los castiga. Entonces, la aplicación retroactiva de la convención que declara la imprescriptibilidad de estos crímenes no lesiona ningún tipo de garantía ni de derecho. Con lo cual la reapertura de estos juicios a los militares a mí me parece que está bien y satisface el espíritu de que esto se pueda cerrar con justicia. En cuanto a la extensión de esto a la guerrilla, ahí entramos en un terreno mucho más complejo porque respecto del terrorismo no hay consenso en el ámbito internacional sobre qué alcance debe dársele .
Ledesma: Yo diría que está legislado por el tribunal de Roma, por un lado, y por el otro, adhiero al fin de un artículo de Andrés [D´Alessio] sobre este tema, el principio de legalidad, donde cita a Radbruch. A pesar de haber sido perseguido por el nazismo, Radbruch decía que con el advenimiento de una sociedad democrática había que aferrarse más que nunca a los principios, y creo que el principio de legalidad no puede ser derogado por nada porque es uno de los logros más importantes de la civilización.
Arslanian: Una de las mayores objeciones que se le ha hecho al modo en que el gobierno radical había configurado el juzgamiento simultáneo de militares y subversivos era la aplicación de lo que sería la teoría de los dos demonios. Y en realidad, eso fue de algún modo lo que caracterizó la política del gobierno de Alfonsín. Esto después cambia con el advenimiento del gobierno actual y se reescribe el prólogo del Nunca Más.
Strassera: Un insolente lo reescribe.
Arslanian: Y se reescribe precisamente porque se abomina de la teoría de los dos demonios y se desecha la caracterización de lo que podría ser el Estatuto de Roma sobre crímenes de lesa humanidad perpetrados por las organizaciones guerrilleras.
-Esta sería la situación actual
Arslanian: Sí, esta sería la situación actual.
Gil Lavedra: Nos hemos detenido demasiado en el presente...
Moreno Ocampo: Es que el presente nos complica... Cuando hay acuerdo en la sociedad, como fue con el juicio a las juntas, se puede; cuando hay menos claridad por diferentes razones, se hace todo mucho más complicado. La ley no es solamente para los jueces, la ley es para la sociedad y para los gobiernos, en todos los temas, en los crímenes como estos, en los delitos ordinarios, en los delitos de corrupción... Pero justamente, cuando no hay acuerdo entre la sociedad, los dirigentes y la justicia, se hace más difícil; en cambio, cuando hay acuerdo, como lo hubo en el juicio a las juntas, entonces es una obra de arte.
por Carolina Arenes
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Tramo de la lectura de la sentencia - De El Siglo por Radio - CD 2 - ETER
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Julio C. Strassera en el alegato final
Diario La Nación 15/8/2010
Reportaje a Luis Moreno Ocampo: “El asesinato de Rucci podría ser de lesa humanidad” - 15/8/2010

El fiscal del juicio a las juntas, hoy en el Tribunal Penal Internacional, subraya que la Argentina es un caso único por cómo lidió con su pasado sangriento. Precisa que los crímenes de lesa humanidad no los comete sólo el Estado y advierte que una sociedad no puede manejarse con la lógica de amigos y enemigos.
Valor social. “La sociedad argentina había decidido revisar el pasado. Había liderazgo político y se habían prometido juicios. Y el Congreso votó en forma unánime que la aministía no podía funcionar.”
Sin duda, fue emocionante la recordación que se hizo en el Congreso Nacional (a través de una iniciativa de Margarita Stolbizer) del juicio a las juntas militares que gobernaron la Argentina entre 1976 y 1983.
Fue emocionante, no sólo por la presencia de algunos de sus protagonistas, como el entonces fiscal, Luis Moreno Ocampo, sino por el hecho único que significó –no solamente en América latina sino en el mundo– aquel juicio que, de acuerdo con las palabras del fiscal del tribunal de Roma, marcó un tiempo especial en el mundo de la jurisprudencia. Núremberg tuvo jueces y fiscales pertenecientes a un ejército vencedor. Argentina tuvo jueces, fiscales y testigos argentinos mirándose a los ojos con culpables de crímenes de lesa humanidad.
Moreno Ocampo era entonces muy joven: 32 años y tal como lo recuerda:
—Yo soy como D’Artagnan, el cuarto mosquetero.
—¿Por qué?
—La Cámara Federal tenía que intervenir. Contaba con seis jueces y un fiscal. Decidieron apoyar al fiscal Dr. Julio Strassera y, entonces, me mandaron a mí. En esa época yo era profesor en la facultad y tenía el cargo de secretario de Estado de la Procuración de la Nación. Era un cargo interno. Yo asesoraba en dictámenes ante la Corte Suprema de Justicia. Eran cargos muy de gabinete y, de pronto…¡pam! Me encontré en medio de la acción.
—Recuerdo que el ritmo de trabajo que ustedes llevaban era enloquecedor.
—Yo soñaba con los problemas que se presentaban. Soñaba con las soluciones y soñaba que debía recordar el problema en todos sus detalles cuando despertara. Sosteníamos la convicción de que no se podía fracasar. Los jueces tenían a su cargo el hecho fundamental de hacer el juicio y la fiscalía debía cumplir con su misión, que era investigar los hechos. Y todo esto en un contexto en el que la sociedad argentina había decidido que había que revisar el pasado. Había liderazgo político y se habían prometido juicios. Pero también el Congreso de la Nación votó en forma unánime (todos los partidos políticos, incluso Alvaro Alsogaray) que la amnistía no podía funcionar. Es importante recordar que la primera medida del Congreso democrático de 1983 fue dejar sin efecto la autoamnistía que buscaban los militares. Fue un momento en el que la Argentina cambió. El juicio a las juntas es como la puntada final de una tarea muy laboriosa. En aquel momento que vivimos, nos encontrábamos con nueve comandantes (incluidos tres ex presidentes) frente a seis jueces que iban a decidir sobre su vida y su libertad.
—Por aquello, justamente, del momento único; luego, las leyes de perdón trajeron cierta desilusión.
—Bueno, la Argentina es un milagro. Ningún país del mundo hizo antes ni después lo que hizo Argentina. En Núremberg, fue la primera vez que se juzgó a comandantes militares por crímenes masivos, pero sobre la base de ejércitos derrotados frente a ejércitos aliados y vencedores que impusieron la justicia. En la Argentina fue la misma sociedad la que decidió: “Esto no puede ocurrir. Hay que revisarlo…” El Congreso y el presidente lo impulsaron y los jueces tenían que decidir. Entonces, aquel fue un momento de total consenso. Lo que ocurre es que los crímenes masivos son, de por sí, enormes. Y para nosotros, como jueces y fiscales, no había que probar quiénes habían cometido las violaciones y las torturas, sino por qué Videla era responsable. Nuestro problema era mostrar que era un plan aprobado por Videla, por Massera, por los comandantes… Aquél fue el primer gran desafío. Juzgar crímenes de esa magnitud era un desafío enorme, pero después… Le explico: cuando hay crímenes masivos hay un número masivo de víctimas y de victimarios. ¿Cómo se manejan esos números? La Justicia está generalmente preparada para hacer casos de dos o tres personas y no de miles de personas. Los jueces fueron jueces y quisieron ser imparciales y mostrar que las promesas que podría haber hecho el Ejecutivo a los militares en cuanto a sus juicios… El juicio es el que aplica la ley y, en ese sentido, lo que ocurrió fue una tensión entre la Justicia que iba más adelante que lo que el poder político esperaba. Por eso hubo desequilibrios y desencuentros, pero después de 25 años, cuando uno ve que esa Argentina milagrosa sigue juzgando hoy lo que ocurrió entonces… bueno, justamente, los conflictos (incluyendo los indultos) son muestras de la complejidad de los temas que manejamos. Y por eso sigue siendo milagrosa la Argentina. Y por eso, también, yo estoy en la Corte Penal Internacional como fiscal.
—¿Constituimos un caso único?
—Así es. Por tratarse de un país que tomó esas medidas. En Chile, por ejemplo, después de un proceso de transición más largo, se está juzgando a muchos militares y a personas involucradas. Me llena de orgullo que las hijas del general Prats (asesinado en Buenos Aires, en 1974) hayan logrado finalmente que sean condenados los responsables en Chile. Yo fui abogado de la familia Prats contra Arancibia Clavel, pero ahora las hijas, como le decía, lo lograron también en Chile. Lo cual demuestra la enorme dificultad de todo esto. Y cuán difícil es para las víctimas hacer justicia. Pero la Justicia funciona. En Africa tenemos el caso de Ruanda, un verdadero genocidio. Un millón de personas en tres meses. Y Ruanda utilizó un mecanismo interesante, que es un modelo de justicia tradicional para juzgar a miles (en este caso 40 mil) de personas acusadas.
—¿Cómo es ese mecanismo?
—La gente acusada ya había estado presa durante ocho años. Igualmente, era imposible juzgar a cuarenta mil personas. Entonces, lo que hicieron fue una especie de reunión comunitaria en el que los acusados iban a las comunidades donde habían cometido los crímenes. Confesaban allí sus crímenes, pedían perdón y los condenaban a una pena de ocho años de prisión. Pero como ya habían cumplido esos ocho años, los dejaban en libertad. Básicamente, esto fue lo que hicieron. Además, hay investigaciones específicas y todavía hay (actuando para Ruanda) un tribunal internacional. Yo diría que en Ruanda es donde se condenó a más gente. Como dije antes, no sólo es un cambio para la Argentina, sino, como le señalaba, un cambio para el mundo. El mundo también está girando para no aceptar más violencia política y por eso es interesante que haya creado esta Corte Penal Internacional y que me haya designado a mí como fiscal porque, justamente, es un reconocimiento a la Argentina que hizo las cosas bien.
—¿Cómo surge la ley penal humanitaria?
—Es una antiquísima historia que comienza cuando el diario The Times, de Londres, en su portada comienza a publicar fotografías sobre la guerra de Crimea (1870). La gente, entonces, comienza a entender lo que eran las guerras. Que había que ocuparse de las guerras de un modo diferente. No solamente a través de la carga heroica de la caballería. En 1873, una de las fundadoras de la Cruz Roja admite que “tenemos la ley penal humanitaria, pero ningún Estado la aplica. Porque ningún Estado quiere castigar a sus soldados. Necesitamos una Corte Penal Internacional independiente”. Sin embargo, esa idea tardó 130 años en implementarse. Después de la primera guerra mundial, el Tratado de Versalles impuso que se investigara al kaiser (monarca alemán), pero como Holanda le brindó asilo político nunca pudieron ni investigarlo ni juzgarlo. Después de la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar Núremberg, donde se les hizo juicio a los responsables del nazismo.
—Los ahorcaron.
—A algunos. Otros fueron condenados a prisión perpetua y luego hubo otros casos (cerca de 12) juzgados por el Tribunal Americano, en Alemania. Luego, en 1948, se sanciona la Convención de Genocidio, que señala que hay que fundar un Tribunal Penal Internacional para perseguir el genocidio. Sin embargo, la Guerra Fría bloqueó esa propuesta porque el Tribunal Penal Internacional no toma en cuenta posturas políticas, sino crímenes. Entonces, como le decía, la guerra fría bloquea esta salida hasta que estalla la guerra de los Balcanes, en la ex Yugoslavia. Y cuando las imágenes, muy parecidas a las de la Alemania nazi, inundan Europa, lógicamente los europeos se asustan y desesperan frente a lo que está ocurriendo en los Balcanes y promueven la creación de un Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia. Digamos que vuelve Núremberg, pero para Yugoslavia. Al día siguiente, se produce el genocidio de Ruanda (un millón de personas asesinadas a machetazos en tres meses), del que ya le he hablado, y se dispone un tribunal para Ruanda. En 1998, ocurren dos cosas que muestran una demanda mundial de justicia: por una parte, se discute en Roma el llamado Estatuto de Roma y se crea, finalmente, la Corte Penal Internacional que la Cruz Roja soñaba en 1873. Y, por otra, justamente en 1998, el juez Garzón le pide a Inglaterra la detención de Pinochet. Y esto es diferente: no se trata de una corte, sino de un juez local, nacional, aplicando justicia universal. Pero es el mismo fenómeno, con la diferencia de que ahora la gente está comunicada (y hoy aún más a través de medios informales) y, al ver crímenes en la TV, quiere reacciones. Esto hace que en 2003 se ponga en marcha el Tribunal Penal Internacional en el que nombran a 18 jueces y a mí como fiscal.
Tenemos una nueva herramienta que demuestra cuánto ha cambiado el mundo. Hace unos meses me invitó la Federación de Derechos Humanos de Armenia para que les contara mi experiencia en Argentina y en el mundo. “Hace 35 años”, me explicaron, “cuando se cometieron esos crímenes en la Argentina, nosotros les pedimos a nuestros embajadores que le imploraran a Videla que no mataran más gente. Ahora, con la Corte Penal Internacional, tenemos que pedir que Videla vaya preso”. Por eso, esta Corte genera un cambio político impresionante en las relaciones internacionales.
Sigue
—Usted habrá visto como, en Córdoba, durante el juicio a Videla y Menéndez, un grupo insultó al juez Garzón y lo increpó gritándole: “Vaya a juzgar a los terroristas de la ETA”, reeditando así el tema sobre quiénes son culpables de crímenes de lesa humanidad.
—Esto es interesante porque de acuerdo con la ley que yo aplico (y que solamente se aplica a los crímenes cometidos después de 2002), cualquier grupo, inclusive guerrillero, puede cometer crímenes de lesa humanidad. Y de hecho, un crimen de lesa humanidad es un ataque masivo y sistemático a la población civil. Y la Argentina fue eso. Podemos decir también que la guerrilla produjo ataques masivos y sistemáticos a la población civil porque mataban en forma masiva tanto a sindicalistas, empresarios o policías. En el caso de los policías también puede ser un crimen de guerra, pero es distinto. Por supuesto que estos son crímenes de lesa humanidad de acuerdo con el Instituto de Roma. En la Argentina, la Corte Suprema dijo que no se aplicaba esto para los crímenes cometidos por guerrilleros. Es un debate muy importante. Hay que explicar que, de acuerdo con el actual Instituto de Roma, no solamente el Estado puede cometer crímenes de lesa humanidad. Cualquier organización puede cometer un crimen de lesa humanidad. De hecho, en los casos que yo tengo aparecen algunos con estas características.
—¿El asesinato de José Rucci, en 1973, es un crimen de lesa humanidad?
—El asesinato de Rucci, si fueron los Montoneros, podría considerarse así. Es un ejemplo de un ataque sistemático a parte de la población civil. Rucci era un sindicalista.
—Debe ser impresionante la responsabilidad, el peso, de impartir justicia.
—Bueno, como fiscal, yo “pido” justicia. Y eso me gusta. Prefiero ser fiscal que ser juez. Pero, en realidad, no es tan difícil porque está todo muy reglado. Está todo muy claro. Hay que probar los hechos. No basta que yo tenga una mala opinión de alguien. Tengo que probar los hechos. Tengo que probar que Videla ha sido responsable de los crímenes cometidos contra jóvenes de 15 años, como Floreal Avellaneda, que fue detenido en su casa, en Florida. En ese caso, tengo que demostrar la conexión entre Videla y los soldados “de abajo”. Es lo mismo que hago ahora en la Corte Penal Internacional. Tengo que investigar crímenes masivos en todo el mundo. Pero tenemos reglas. Diría que esa parte es fácil. Es lo que los abogados sabemos hacer. Lo más difícil es lo que ocurrió en la Argentina: que se produzcan un consenso social y un consenso político. Cuando coinciden estos dos consensos, entonces la Justicia tiene un efecto impactante, como ocurrió en la Argentina de 1985. Esto no es ni simple ni fácil. En el mundo de hoy yo veo, por ejemplo, a Darfur. Aquí, en América del Sur, nadie sabe ni se interesa demasiado por lo que ocurre en Africa. Y Darfur es un genocidio que está ocurriendo hoy. En 2003. Es decir, hace siete años. Hoy, como le decía, hay dos millones de personas que viven en campos de desplazados y en condiciones tales que la Corte las califica como genocidio. Y volviendo al juicio que tuvimos en la Argentina, no hay que olvidar que los coroneles franceses con experiencia en Argelia vinieron a armar un sistema de comando y control para secuestrar personas, torturarlas y ejecutarlas cuando era considerado conveniente. Y esa fue la forma en que logramos encontrar para demostrar que los comandantes eran responsables. Que no era algo pensado y realizado por un oficial cualquiera. Era un sistema masivo. Y lo que ocurre en Darfur es similar: el gobierno de Sudán aprobó un plan para hacer lo mismo, pero con mayor brutalidad, ya que se atacó masivamente a toda la población. No era una acción contra un guerrillero: toda la ciudad se convertía en un blanco y era atacada como un blanco. Incluso, el ministro que manejaba esa operación decía: “Aquí vamos a quitar el agua para agarrar al pez”, parafraseando la famosa frase de Mao: “La guerrilla actúa como pez en el agua”.
—¿Y en la Argentina?
—Aquí se decía algo así como: “Atacamos al pez por lo sensible” y como había guerrilla en Córdoba, el Ejército rodea a Córdoba, la vacía, ataca a todos. En Darfur, ponen a la gente en lugares para desplazados, donde no les dan de comer y mueren de hambre. De paso, violan a las mujeres. Esto ocurre hoy y golpea a una población que es dos veces la de Córdoba: dos millones y medio de personas.
—Recordando las imágenes del juicio a las juntas, con las que hicimos un documental, y viendo ayer a Videla y a Menéndez en Córdoba, no podía dejar de pensar que esos hombres viven en un cierto tipo de locura. Se consideran enviados a este mundo para cumplir con una misión monstruosa, pero especial, para elegidos.
—Es un tema distinto, pero lo que yo aprendí de tanto ver personas responsables de crímenes masivos es que, lamentablemente, una de las razones por las que cometen tales crímenes es por asumir misiones que ellos consideran punitivas. Lo hacen para proteger a su grupo. Recuerdo un diálogo con un general: “General, usted no me puede decir, le señalaba yo, que usted mató y torturó para defender la libertad y la democracia”. A lo que él contestó: “Fiscal, esos son nuestros valores. ‘Ellos’, en cambio, son nuestros enemigos”. Cuando a usted lo definen como “enemigo” lo pueden matar pensando que protegen su grupo. Y, de hecho, cuando (Slobodan) Milosevic (presidente de Yugoslavia) estaba siendo juzgado y murió, 50 mil personas fueron a su velorio. Aunque parezca increíble, estos líderes que cometen crímenes masivos tienen popularidad porque siempre hay un grupo que es defendido por ellos. Y una sociedad no puede manejarse con amigos y enemigos. Yo no soy amigo de Videla, pero tampoco soy amigo de Firmenich. Acusé a los dos. Justamente porque quiero una sociedad en la que ninguna de esas cosas ocurra.
por Magdalena Ruiz Guiñazú.
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