Tal como informó Tiempo Argentino la semana pasada, la Justicia Federal ordenó allanar el domicilio del general retirado Jorge Eugenio O’Higgins, señalado como integrante de la patota que en la madrugada del 24 de marzo de 1976 irrumpió en la casa del mayor Bernardo Alberte, y después de destrozar la puerta de entrada, arrojó al vacío al militar desde un sexto piso. Alberte se había desempeñado como el edecán preferido de Juan Domingo Perón, fue su delegado personal cuando el ex presidente marchó al exilio tras el golpe de Estado de 1955, y en la década del ’70 sirvió de nexo entre el líder y la juventud. Perseguido por la Triple A, ocupaba los primeros puestos en la lista que José López Rega había confeccionado de

 

“blancos a eliminar”, junto a Carlos Mugica, Rodolfo Ortega Peña y Julio Troxler.

 

La orden impartida por el juez Daniel Rafecas se hizo efectiva en Luis María Campos 1248, 4º A, del barrio de Palermo, dirección registrada por O’Higgins. Del allanamiento participaron funcionarios judiciales y de la Policía Federal, acompañados por la Elizabeth Gómez Alcorta, patrocinante de la familia Alberte. Según reconstruyeron a este diario fuentes del juzgado, O’Higgins atendió a los funcionarios vestido con un pijama, y se preocupó por dar cierta imagen de anciano inofensivo y convaleciente. Muy distinto a cuando era hombre fuerte del Ejército, experto en inteligencia militar, y terminante a la hora de perseguir a militantes peronistas y estudiantiles. La que tomó la voz cantante en la visita de los investigadores fue su esposa. Nerviosa y a los gritos, dijo que el acto era “un atropello” y un “ataque a la libertad”. Habría que ver qué entiende la mujer por atropello, teniendo en cuenta que a su marido se lo acusa de integrar el grupo de tareas que aquella madrugada del golpe entró al departamento de Alberte rompiendo todo, y tiró al ex edecán desde una altura de 20 metros al patio de la planta baja. 

 

En el crimen, considerado como el primero de los cometidos por la dictadura y recordado por su sadismo, está implicado además el general retirado Oscar Enrique Guerrero.

 

Alberte colaboró en los intentos para que el peronismo recuperara el poder, denunció a sus traidores de derecha, y mantuvo con el líder uno de los intercambios epistolares más voluminosos durante todo aquel período. El 23 de marzo de 1976 a la noche se encerró en su departamento de Libertador 1160, 6º piso, y escribió un texto que encabezó: “Al Sr. Teniente General D. Jorge Rafael Videla, Comandante General del Ejército”, donde responsabilizó al dictador por su propia seguridad, acusó al Ejército por secuestros, atentados y cuerpos acribillados de dirigentes y trabajadores, y alertó a Videla del tremendo error que significaría un golpe. Terminó de tipear a las 0:30, y ordenó las copias que le llegarían a las Fuerzas Armadas y a los medios de comunicación. Hasta que a las 2:30 de la mañana del 24 se despertó sobresaltado: 14 vehículos civiles y militares cortaron la esquina, un grupo obligó al portero a guiarlo hasta la puerta de servicio de la casa, y cuatro efectivos, entre los que según un testigo habría estado Guerrero, asesinó a Alberte de esa manera.  

 

O’Higgins está sindicado como el jefe del operativo, después de que, “por casualidad”, se encontraran en su poder cartas originales de la correspondencia entre Perón y su edecán robadas en la madrugada del crimen.

 

Egresado del Colegio Militar en 1954, el general retirado fue capitán en 1966, jefe de la Sección Central en 1967, y luego pieza clave del temible Batallón de Inteligencia 601. Integró la Escuela Superior de Guerra, y desde 1975  actuó como personal del servicio estable de la Escuela Superior Luis María Campos. Con el ascenso a teniente coronel en la mano, revistó en el Comando General del Ejército (JEMGE), Jefatura II de Inteligencia, donde permaneció hasta el 14 de noviembre de 1977, cuando lo designaron jefe del Regimiento 26 de Junín de los Andes. A partir de ahí lo destinan a Córdoba, vuelve al Estado Mayor Conjunto, viaja como observador militar a Medio Oriente y se destaca en varios cursos de Estrategia. Su ascenso a coronel llegó en 1980, y un año después lo destacan como agregado militar en Honduras, que en aquella época también tenía jurisdicción sobre Nicaragua. Estuvo en ese lugar hasta 1984.

 

Según un testigo de la noche del asesinato, Guerrero fue uno de los que integró la patota que arrojó al mayor por la ventana. Lo de O’Higgins, en cambio, saltó por azar. Horacio Ballester, gran amigo de Alberte y principal impulsor del Centro de Militares para la Democracia (CEMIDA), recibió en una oportunidad la visita de una persona que le contó una historia. Según el relato de esa persona, en los años ochenta su vecino de piso era un general bastante parco, pero que solía recibir gente y organizar encuentros. Un día espió por la mirilla, y vio que alguien de limpieza de la casa contigua sacaba al pasillo dos bolsas con papeles. La curiosidad le ganó, y se llevó las bolsas a su departamento. El general parco, su vecino, era O´Higgins, pero los bultos no tenían sólo efectos personales: también había documentos políticos que Alberte guardaba celosamente en su vivienda, y cuatro cartas originales enviadas por Perón, robadas en la noche del crimen. 

 

O el represor subió esa madrugada al 6º piso, o alguien le “regaló” parte del botín secuestrado, que con la vuelta de la democracia tiró por temor. Cualquiera de las dos eran razones suficientes como para involucrarlo en la causa.

 

Bernardo Alberte hijo sostuvo a Tiempo que “el pedido de justicia tiene más de 36 años, se inició en junio de 1976, y la causa fue reabierta en el 2003 con la derogación de las leyes de impunidad”.

 

Sin embargo, subrayó que el allanamiento del lunes pasado a la casa del represor es “el primer gran paso importante” en la búsqueda de justicia. Y agregó: “Hasta ahora, 14 juzgados se habían declarado incompetentes. Incluso el primer juez que manejó el expediente, Rafael Sarmiento, tuvo la desfachatez e impudicia de expresar que ‘si a Alberte lo tiraron por la ventana, a todos los peronistas habría que tirarlos también.’ De hecho, este miserable cómplice de la dictadura estaba presagiando lo que harían los genocidas en los llamados vuelos de la muerte.” 

 

Por su parte, la abogada de la familia le dijo a este diario que “desde el primer momento se labraron actuaciones administrativas y judiciales que tramitaron ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, pero siempre los hechos fueron fraguados, haciendo aparecer el homicidio como un suicidio”. “Inclusive, el mismo día del asesinato la Policía Federal obligó a firmar una declaración a la hija de Alberte, en la que ‘afirmaba’ que su padre se había suicidado, como condición para que le entregaran el cuerpo”, detalló Gómez Alcorta.

 

por Daniel Enzetti