Es el ex teniente Roberto Bravo. Alega razones políticas para frenar su extradición.

Los 16 fusilados, cuando habían sido capturados.

Acusado de ordenar la masacre de 16 presos políticos detenidos en la Base Almirante Zar de Trelew en 1972, arrestado en Miami en 2008, el ex teniente de navío de la Marina argentina Roberto Bravo intentará impedir que EEUU otorgue su extradición a nuestro país argumentando que los cargos que pesan contra él son políticos.

De acuerdo a los documentos que Bravo presentó ante la Corte Federal del Distrito sur de la Florida, a los que Clarín tuvo acceso, Bravo también argumentará que la presidenta Cristina Kirchner pidió su extradición por razones políticas debido a que su marido, Néstor y varios de sus funcionarios, “son ex montoneros”.

Durante la audiencia en la que el Juez Robert Dube decidirá el 18 de agosto próximo si Bravo es extraditado o no, el fiscal Wifredo Ferrer refutará esos argumentos utilizando el caso del General Guillermo Suárez Mason como precedente. Acusado de secuestro y asesinato, Suárez Mason se refugió en San Francisco, California en 1983. A pesar de que fue protegido por el gobierno de Ronald Reagan por el apoyo que brindó a los contras nicaragüenses durante la Guerra de América Central, Suárez Mason, fue finalmente extraditado a la Argentina en 1988.

El caso de Bravo es más complicado porque actualmente tiene la ciudadanía norteamericano (ver biografía). Es muy inusual que EEUU otorgue la extradición de uno de sus ciudadanos.

El abogado defensor de Bravo, Neal Sonnett argumentará que su cliente disparó contra los presos en defensa propia y que ya fue exonerado por una Corte militar. Dirá además que Néstor Kirchner, “un ex montonero”, ha hecho “todo lo posible para vengarse de oficiales militares en actividad o jubilados, como Bravo por el papel que desempeñaron en la lucha contra la guerrilla de izquierda inspirada en Fidel Castro durante los 70”. La lista de funcionarios K que según él, fueron Montoneros incluye al ex ministro Jorge Taiana, al diputado Carlos Kunkel, al sectretario de derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, al ex ministro Rafael Bielsa y y la actual embajadora en México Patricia Vaca Narvaja.

Sonnett presentará además dos testigos. El profesor Jon Perdue del Fondo para los Estudios Americanos de Washington hablará de la “Guerra sucia” y defenderá el argumento de que el pedido de extradición de Bravo es político. El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires Alfredo Solari explicará porqué el caso de Bravo pertenece a la jurisdicción militar. Dirá que en ese ámbito ya ha sido exonerado. El fiscal Wilfredo Ferrer, sin embargo, ya ha presentado ante la Corte el testimonio de tres de los sobrevivientes de la masacre de Trelew que acusaron a Bravo no solo de ordenar la masacre sino también de dar el tiro de gracia a quienes parecían con vida . María Antonia Berger, una de las sobrevivientes, describió el horror de la siguiente manera: “Viene dos veces más Bravo a la puerta, con un jadeo totalmente nervioso, y muy preocupado porque no me moría. “¡Pero esta hija de p ... no se muere! ¡Cuánto tarda en desangrarse!’’’. “Yo juntaba sangre en la boca y la escupía para hacer parecer que me estaba desangrando’’, agregó.

Ferrer dirá que en el caso de Suárez Mason la Corte de San Francisco dictaminó que no se podía dar lugar al argumento de que los cargos que pesaban contra Bravo eran políticos porque en el Tratado de Extradición firmado por Argentina y EE.UU. la “excepción” política fue incluida solo para proteger “actos de rebelión en contra de un gobierno opresivo” y que “ex funcionario no deben ser protegidos de ser juzgados por las acciones ilegales que ejecutaron cuando estaban en el poder”.

Prósperos negocios en Washington

Roberto Bravo nació y creció en la Argentina, pero actualmente tiene la ciudadanía estadounidense. Su relación con las Fuerzas Armadas estadounidense es muy estrecha. La empresa que fundó en 1998, RGB Group le vende servicios médicos y de otros tipo al Pentágono y a las Fuerzas armadas estadounidenses, incluyendo el Cuerpo de Marines. Su biografía oficial indica que después de la Masacre de Trelew, Bravo fue destinado en 1973 a la Agregaduría Naval argentina en Washington. El ex teniente de la Marina aprovechó su estadía en EEUU para entrenarse con las Fuerzas armadas locales. Hizo cursos en la División de Infantería aerotransportada, llamada Pathfinder y se entrenó con los Marines en operativos de reconocimiento anfibios. En 1979, se retiro de la Marina Argentina. Obtuvo un empleo en EE.UU. y en 1987 le otorgaron la ciudadanía estadounidense. Casado con Ana María Bravo los tres hijos que tuvieron han servido en las Fuerzas Armadas de EE.UU.

Clarín accedió a la lista completa de contratos que RGB Group firmó con distintas reparticiones de las Fuerzas Armadas de EEUU desde que Bravo la fundó en 1998. Son en total 460 contratos por millones de dólares. El más importante fue por 6.154.204 dólares. Fue firmado el 13 de noviembre del 2001 con el Comando Médico del Ejércitode EEUU. A todos esos contratos deberían sumarse los que Bravo firmó con el Departamento de la Seguridad Interior, la Agencia de Logística de Defensa, los Guardacostas y la Oficina Federal de Prisiones. La mayoría son por servicios médicos. Dado que Bravo tiene dinero, los familiares de los presos que murieron en Trelew podrían hacerle un juicio civil en EEEU por daños y perjuicios igual al que le hicieron al General Suarez Mason en San Francisco en el 1987, pero con más éxito.
 

por Ana Barón.